Las y los periodistas ambientales independientes reconocemos que nuestro rol no se limita a transmitir declaraciones, sino a informar con un alto compromiso en defensa de la vida, el medioambiente, la biodiversidad, los Derechos Humanos, los Derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos ambientales de la naturaleza.
Por lo que expresamos nuestra profunda preocupación por la actual situación que atraviesa el país y que afecta la conservación de áreas protegidas y territorios indígenas, impactados por actividades extractivas como la minería aurífera y los incendios forestales, en muchos casos provocados por dueños de propiedades agroindustriales, grupos de interculturales y mineros.
En ese sentido, manifestamos lo siguiente:
1. Ante informes distorsionados que se emiten por algunos medios interesados y/o afines a grupos corporativos con poder económico y políticos como los cooperativistas auríferos mineros, que ponen en alto riesgo la subsistencia de áreas protegidas y pueblos indígenas, reiteramos nuestra vocación de servicio por el bien común.
2. Creemos en la pluralidad de información, pero no en aquella que bajo el rótulo de “neutralidad”, “equilibrio” u “objetividad” aliente voces que desinformen sobre la verdadera responsabilidad que tienen sectores económicos sobre lo que hoy ocurre en la Amazonía, la Chiquitanía y otras zonas altamente sensibles, y coloque al mismo nivel de protagonismo a perpetradores de derechos y a vulnerados en sus derechos.
3. Ante las múltiples amenazas que ciernen en las áreas protegidas y los territorios indígenas, agravadas por las condiciones de la crisis climática y el calentamiento global, ratificamos nuestro compromiso con la vida y el medioambiente, pues no podemos quedarnos en un rol contemplativo viendo la destrucción de ecosistemas fundamentales para la vida misma.
4. Exigimos garantías a nuestro trabajo periodístico que se ha visto amenazado en varias ocasiones donde nos ha tocado ingresar a zonas sin presencia del Estado, o nos ha tocado mostrar los excesos de grupos de poder, vulneraciones de derechos, avasallamientos, tomas de instituciones o marchas violentas.
5. Identificamos con profunda inquietud las amenazas derivadas de la actividad minera aurífera, extractiva, contaminante e ilegal en áreas protegidas de importancia nacional, sumadas a los avasallamientos, a la expansión del agronegocio y otros factores. Estas áreas desempeñan un papel crucial en la conservación del agua, la biodiversidad y los derechos colectivos preconstituidos de los territorios indígenas.
6. Consideramos crítica la situación generada por el denominado "paquete de normas incendiarias" promulgado entre 2013 y 2019, que legaliza la deforestación y quema de bosques. Estas normas han exacerbado la sequía y la escasez de agua en todo el territorio nacional.
7. Demandamos la declaración inmediata de desastre nacional y que los apoyos y ayudas recibidos se destinen exclusivamente a la extinción de incendios, resguardo de las comunidades locales y atención a la fauna silvestre, sin propósitos políticos.
8. De la misma manera consideramos necesaria la prohibición de la actividad minera en áreas protegidas, en lineamiento a estándares internacionales y la normativa vigente nacional relacionada al sistema de áreas protegidas.
9. En coherencia con el discurso de la defensa de la Madre Tierra, pedimos que las sanciones sean ejemplarizadoras para quienes provoquen o alienten incendios forestales porque la casa común nos pertenece. Nuestra condición de periodistas no excluye nuestros derechos ciudadanos.
10. En cumplimiento al fallo del Tribunal Agroambiental que dio tutela a los pueblos indígenas demandamos paralizar las actividades mineras en los ríos de la Amazonía, contaminados por mercurio.
11. Rechazamos de forma categórica la acción penal infundada y abusiva iniciada por el minero Ramiro Cuevas Echave a los guardaparques Raúl Santa Cruz y Marcos Uzquiano, por proteger e impedir el avasallamiento a las Áreas Protegidas Nacionales Bolivianas, así como el hostigamiento que sufren desde diferentes espacios de poder.
12. El periodismo ambiental desempeña un papel vital en situaciones ambientales críticas como esta. Demandamos garantías para la seguridad y libertad de las y los periodistas ambientales para llevar a cabo su trabajo y acceso a la información pública. La libertad de prensa y el derecho a informar son fundamentales en una sociedad democrática.
Este pronunciamiento refleja nuestro compromiso con la defensa de la biodiversidad, la sostenibilidad ambiental, el respeto a los derechos humanos y la de pueblos indígenas. Instamos a la ciudadanía, las autoridades y los sectores involucrados a unirse en acciones concretas para preservar el patrimonio natural y cultural de Bolivia.
La Paz, 15 de noviembre de 2023
